Una persona debe a un banco o a una entidad financiera algún crédito o el saldo de una tarjeta de crédito o de cuenta corriente.
Muchas veces esas deudas ya están prescriptas, es decir, que si las reclamaran judicialmente no podrían cobrarlas porque pasó mucho tiempo desde que se generaron.
Como esto lo saben, ¿qué hacen? Pues se dedican a llamar por teléfono innumerables veces, no sólo al deudor sino también a los familiares, vecinos, compañeros de trabajo, etc., para que intercedan y lo convenzan de que pague.
También llaman al trabajo o mandan cartas con intimaciones que no tienen argumento legal alguno, pero lucran con “el qué dirán”.
Son agencias de cobranzas o estudios jurídicos que no tienen ningún empacho en ensuciar al que debe (en realidad, es muy posible que no deba nada porque la deuda caducó).
Algunas de estas agencias, además, le compran a los bancos y financieras todos los créditos morosos y no les importa si ya están prescriptos y no puedan recurrir a la justicia.
Utilizan el hostigamiento sin escrúpulos para lograr su objetivo.
Aunque la deuda esté vigente, no tienen derecho alguno de reclamar el pago de ese modo.
Muchos remiten escritos como si fueran órdenes judiciales, pero son totalmente inválidas porque la única persona que puede intimar de esa manera es un juez, quien le dará todas las garantías al deudor para que pueda defenderse.
¿Qué hacer entonces?
No bien se reciba una llamado de estas características, se debe efectuar la correspondiente denuncia ante los organismos de defensa del consumidor, ya que, el art. 42 de la Constitución Nacional establece que: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.
Es más, se puede demandar, también, a los bancos o entidades financieras por utilizar estos mecanismos.
Nunca tratar de llegar a un acuerdo telefónico con quien lo llame y, menos aún, dar precisiones de domicilio, trabajo, estado patrimonial, teléfonos de contacto, etc.
Está en juego el derecho constitucional a la intimidad y los datos personales están protegidos legalmente.
Hoy, con la tecnología que se cuenta, es posible grabar las llamadas telefónicas, serán un elemento muy importante para cuando se decida realizar una denuncia.
Estas agencias o estudios jurídicos utilizan muy mal la ley, ellos lo saben, por ello hay que defenderse y dar intervención a las autoridades pertinentes.
Por Dr. Andrés Rosso, Abogado
