¿Cuántas veces compramos un artefacto y al poco tiempo presenta fallas que lo hacen inutilizable o defectuoso o una compañía de telecomunicaciones nos tiene horas y días reclamando por el mal servicio o un banco nos quiere cobrar ítems que no entendemos o compramos un alimento y se encuentra en mal estado, etc., etc.?
Todos somos consumidores.
Siempre estamos propensos a sufrir las consecuencias de un mal servicio de atención al cliente. Nos lleva a continuas y desgastantes discusiones y pérdida de tiempo y la solución no aparece o cuando llega ya es tarde.
Poco a poco los consumidores fuimos adquiriendo derechos y, por sobre todo, a ser reconocidos como reclamantes. Las leyes de protección fueron apareciendo y se crearon las oficinas de Defensa del Consumidor en todo el país.
Pero ese procedimiento tenía una desventaja porque las empresas denunciadas no tenían la obligación de presentarse ante una audiencia de conciliación y si eran multadas, se pasaban años en apelar la sanción y trataban de no pagar. Además esa multa era para las arcas del Estado.
Ahora, por la ley 26.993, sancionada hace pocos meses, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pero con la intención de que rija en todas las provincias del país, se creó el Fuero del Consumidor.
Se designaron jueces especiales y el perjudicado puede realizar la denuncia con una simple solicitud donde describirá los hechos que generaron el daño y la empresa debe sí o sí presentarse a dar las explicaciones y solucionar el problema que motivó la denuncia y si no lo hacen son severamente multadas.
El procedimiento es gratuito y sin necesidad de que intervenga un abogado, es mucho más acelerado y las multas, que puede llegar hasta $ 220.000, van al denunciante y no al Estado y la empresa condenada tiene, primero que pagar y luego, si lo estima necesario, apelar.
El denunciante puede ser asistido por una de las tantas asociaciones de consumidores que funcionan en el país o por un organismo estatal o por un servicio de patrocinio jurídico gratuito.
Además se crea el Registro Nacional de Infracciones para que se difundan por la web las sanciones y el nombre de las empresas condenadas.
Esto hace que un consumidor, antes de contratar un servicio o comprar un producto, pueda constatar si la empresa no se encuentra en ese registro.
En términos concretos significa una solución en la vida cotidiana de los ciudadanos y permite darle herramientas al Estado para fortalecer su capacidad de intervenir en defensa de los más débiles, que son los consumidores.
El fin último de la ley es darle más derechos a estos para que puedan estar más protegidos.
Si considera que el producto adquirido o el servicio contratado no cumplen con sus expectativas, no se desgaste en rogar una solución a una empresa que tratará de desanimarlo y que abandone su justo reclamo, directamente recurra a la justicia.
por Dr. Andrés Rosso
